Los escándalos financieros a nivel internacional de empresas como Enron y WorldCom pusieron en alerta a las diferentes instituciones reguladoras del mercado de valores, ya que fueron incapaces de detectar los problemas financieros y prácticas indebidas en que incurrieron dichas empresas. Por lo anterior, en el año 2002 el Congreso de los Estados Unidos de América elaboró y aprobó la Ley Sarbanes-Oxley con el objetivo de establecer un sistema de supervisión a las empresas públicas, es decir, a aquellas que cotizan sus valores en las bolsas de valores de ese país.
La Ley Sarbanes-Oxley contempla una revisión mucho más rigurosa de los datos financieros que las empresas declaran en sus estados financieros. Las multas y sanciones por proveer información falsa o incorrecta son muy severas y pueden llegar al extremo de encarcelar a los ejecutivos de la empresa y que ésta deje de operar en la bolsa de valores respectiva.
El establecimiento de esta ley fue la base para la elaboración de una nueva reglamentación que se conoce como gobierno corporativo y que originalmente sólo afectaba a las empresas estadounidenses y sus filiales, pero que se ha empezado a generalizar en todo el mundo con el establecimiento de regulaciones específicas y códigos de ética inspirados en la Ley Sarbanes-Oxley.
El gobierno corporativo se define como un proceso por el cual los accionistas y los acreedores que tengan relación con una organización que cotice en un mercado de valores pueden ejercer control sobre la misma. Los principios en los que se basa el gobierno corporativo son los siguientes:
- Trato igualitario y protección de los intereses de los accionistas
- Reconocimiento de la existencia de terceros interesados en la marcha y permanencia de la sociedad.
- Emisión y revelación responsable de la información.
- Transparencia en la administración.
- Monitoreo efectivo de la dirección y del consejo de administración.
- Identificación y control de riesgos a los que está sujeta
- Declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial.
- Prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés.
- Certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad.
En el caso de México, la Ley del Mercado de Valores fue modificada en el año 2008 para incorporar las prácticas más modernas de gobierno corporativo. Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva ley fue la creación de la Sociedad Anónima Bursátil (SAB), equivalente a la sociedad mercantil que ya cotizaba instrumentos de deuda o capital en el mercado de valores, al igual que otras figuras adicionales, tales como la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB) y la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI).
Sociedades mercantiles privadas
Las sociedades mercantiles privadas son aquellas que sus instrumentos de deuda y capital (acciones) son colocados en forma privada. Lo anterior quiere decir que no participan en ningún mercado de valores ni tienen la obligación de someterse a los requerimientos de información y de administración de las sociedades mercantiles públicas. Por tal razón, las sociedades mercantiles privadas no son objeto de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y no requieren revelar públicamente información alguna. En la figura 1.8 se presenta una comparación entre la sociedad anónima privada y la sociedad anónima bursátil (S.A.B.).
Pequeñas y medianas empresas (pymes)
En el caso de Latinoamérica, a diferencia de otras regiones del planeta, las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen un papel trascendental como motor de la economía. En la práctica, el número de empresas públicas que cotiza en el mercado de valores contrasta fuertemente con el número de pymes. De acuerdo con estudios económicos realizados, las pymes en Latinoamérica conforman 95% de las compañías constituidas; 80% de los establecimientos de comercio abiertos al público, generan 40% del PIB, casi 60% del empleo y cubren más de 45% de los salarios y retribuciones a trabajadores.
Normalmente las pymes no cotizan acciones o deuda en el mercado de valores, ni son subsidiarias de empresas internacionales y tampoco tienen filiales en otros países. Por lo general no obtienen préstamos internacionales ni realizan actividades reguladas (banca, seguros, etcétera). Desde la perspectiva de los recursos humanos, las funciones gerenciales son desarrolladas por los accionistas o socios que integran el consejo, tienen un número reducido de socios, pocos niveles jerárquicos y los puestos clave están reservados a personal de confianza. No obstante lo anterior, las pymes también requieren tener un manejo profesional de su administración y de su información financiera. Si bien es cierto que el alcance de sus actividades es limitado, dicha condición no las exime de contar con una administración de calidad.